El concejal de Urbanismo y Medio Ambiente, Francisco Iniesta, ha anunciado que “el Ayuntamiento prepara una modificación puntual del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) como respuesta al Decreto 7/2024 del Consell que aligera las condiciones de implantación de los proyectos de plantas solares en el territorio municipal de Villena”.
El concejal villenense considera que “el Decreto del Consell ha puesto una alfombra roja a los proyectos de plantas solares y al Ayuntamiento un camino de piedras y obstáculos para ordenar nuestro propio territorio”. Iniesta asegura que “nuestra intención es lograr la autonomía municipal a la hora de ordenar cuántas, dónde y cómo queremos las plantas solares en nuestro territorio, y sólo nos cabe una modificación puntual del Plan General”.
“La intención del Ayuntamiento de Villena, según Iniesta, es recuperar la autonomía municipal en la gestión del territorio”, ya que “a pesar de todos los informes y alegaciones que hemos presentado contra diferentes plantas solares, las administraciones con competencia – Consellería y Ministerio – han ido autorizando casi todas.
La previsión del concejal de Urbanismo es que, tal y como está la norma en vigor, puedan implantarse casi 15 proyectos en el término de Villena, con las consecuencias que ello conlleva, especialmente en zonas limítrofes a Sierra Salinas o La Encina, que son las que mayor presión reciben.
Reunión aclaratoria
El concejal de Urbanismo y Medio Ambiente ha señalado que “a principios de octubre se mantendrá una reunión con los responsables de la Generalitat para conocer de primera mano los efectos y las posibilidades reales que los ayuntamientos tendrán tras la entrada en vigor del Decreto 7/2024”.
El Decreto del Consell amplía la superficie ocupada por proyectos fotovoltaicos del 3% al 10% del territorio, lo que supone que en Villena cabrían unas 15 plantas en todo su término. Además, reduce la capacidad municipal, puesto que sus informes pasan a ser “no vinculantes” y se establece un silencio administrativo positivo a favor de las empresas solicitantes de licencias para ubicar una instalación de este tipo.
La medida que entró en vigor en agosto elimina la necesidad de disponer de una Declaración de Interés Comunitario (DIC) a este tipo de proyectos de energía renovable, reduce las exigencias en cuento a garantías económicas y canon, además de prohibir a los Ayuntamientos las suspensiones generales de licencias, medida que Villena quería implantar este año.
Iniesta considera que “la energía renovable debe desarrollarse pero no a cualquier precio, y no en contra de destruir paisaje o de modificar usos de suelo. De esta manera, no queremos energía renovable”.
El concejal de Urbanismo mantendrá reuniones con colectivos y asociaciones para explicar la situación y establecer – en su caso – medidas de presión y manifestación contra la decisión del Consell.
