El Ayuntamiento de Novelda pone fin al litigio judicial interpuesto por Leteo Inversiones con una sentencia firme del Tribunal Supremo que rechaza el recurso interpuesto por la mercantil que reclamaba al consistorio noveldense casi 1,2 millones de euros por los gastos de tramitación y redacción de proyectos del Plan de Actuación Integrada del sector “Salinetas”.
La sentencia del Tribunal Supremo, contra la que ya no cabe recurso y que rechaza la apelación presentada por la promotora, cierra una batalla judicial que Leteo Inversiones inició en 2017, ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo de Alicante, contra el decreto del ayuntamiento noveldense que desestimaba la solicitud de responsabilidad patrimonial al consistorio, por valor de 1.170.542 euros, en concepto de gastos de tramitación y ejecución anticipada del PAI del polígono Pla-Salinetas, una solicitud que fue desestimada en primera instancia y también por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana.
El concejal de Asuntos Jurídicos, Ximo Mira, ha trasladado la satisfacción del equipo de gobierno por haber puesto un “final positivo a otro de los contenciosos más importantes e históricos que ha tenido que afrontar el Ayuntamiento de Novelda en los últimos años”.
Los hechos se remontan a 2005, cuando el Ayuntamiento de Novelda adjudicó a la promotora Leteo Inversiones la condición de agente urbanizador del polígono industrial de Pla Salinetes. Comenzó entonces una batalla judicial por parte de la Asociación de Vecinos de Pla contra este proyecto y, a pesar de que en 2008 el pleno del Ayuntamiento de Novelda aprobó por unanimidad la homologación del plan parcial de Salinetas, que clasificó definitivamente como suelo industrial 1,5 millones de metros cuadrados de terreno en la zona, en 2013 el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana anulaba la condición de agente urbanizador concedida años antes a la mercantil Leteo por considerarla contraria a derecho, argumentando defectos en materia de contratación, publicidad, plazos y acreditación de solvencia por parte de la adjudicataria.
Tras esta sentencia se inició una segunda fase en este procedimiento, con los recursos presentados por la promotora solicitando al Ayuntamiento una indemnización de casi 1,2 millones de euros, reclamación inicialmente desestimada por el Juzgado de los Contencioso Administrativo de Alicante en primera instancia, ratificada en 2023 por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana y ahora por el Tribunal Supremo.
